Sevilla, 24 - Feb. - 2009
Nos encontramos en un año decisivo para la implantación de este polémico Proceso de Bolonia. Muchos títulos de Grado y Máster han comenzado a elaborarse ya, y se prevé su implantación para finales de este curso académico. Poco a poco, van firmándose y aprobándose a través de Juntas de Gobierno a puerta cerrada, y reuniones tergiversadas en Consejos de Departamento y Juntas de Facultad. En ellas, la representación estudiantil es escasa o contraría el mandato asambleario, el profesorado se ve dividido por chantajes, por promesas e intereses corporativistas, o no se da a elegir la opción de contrariar las directrices ya prescritas desde las altas esferas políticas. Con ello se da un estrecho margen de maniobra a los elementos críticos del profesorado y el estudiantado, en un proceso en el que nunca es tenida en cuenta la decisión, de mayoritario rechazo, de una inmensa mayoría de los universitarios. El mandato de la Asamblea de Estudiantes, único órgano de participación y decisión directa de los estudiantes, a menudo, es poco más que desdeñado y pisoteado.
Los últimos meses de movilizaciones han puesto de manifiesto el creciente rechazo al proceso de la comunidad universitaria y, particularmente, del estudiantado. Por otro lado, ha demostrado con creces la incapacidad de la lucha por lo legal para impedir la implantación de estas reformas, decididas y pactadas por superiores instancias de antemano, y promovidas por grandes grupos de poder económico. Es el caso del Grupo Santander, uno de cuyos miembros más influyentes, Ana Botín, que preside Banesto y la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) (organismo que pretende ser el punto de encuentro entre empresarios y el mundo universitario), declaró en una conferencia impartida en la Univ. de Vigo en 2008, titulada “La universidad y la empresa en la sociedad del conocimiento. Un camino compartido”, que la Universidad tiene un papel central en la vida productiva de un país: “Estoy especialmente sensibilizada con la importancia de la educación en la creación de capital humano emprendedor [...] sin las empresas, las universidades se dedican a crear conocimiento en el vacío. Sin las universidades, las empresas pierden su fuente natural de talento y de información. Es necesario tender puentes entre estos dos sectores clave” (Atlántico, R.S. - Vigo – 21-05-2008). Para Ana Botín, se trata de convertir la Universidad en un apéndice del empresariado.
Cada vez es más evidente el divorcio real entre el poder institucional y económico y el interés de la población. Mientras aquél recorta gastos en servicios públicos y destina presupuesto o competencias al sector privado, se suceden las regulaciones de empleo (despidos en masa), los bancos se resisten a ceder préstamos, las viviendas permanecen vacías a precios innaccesibles y continúa la especulación de los precios. En el campo universitario, “tender puentes entre la universidad y la empresa” supone un recorte demoledor del plan de estudios y la investigación de todo aquello que no sea lo bastante “emprendedor”, es decir, lo suficiente rentable para el empresario (como historia de la lengua, literatura romántica, especies o enfermedades raras, energías renovables, optativas de derecho, filosofía, vanguardias artísticas, Historia de América, italiano, árabe o clásicas).
Ante esta coyuntura, un artículo de El País da a conocer el 27 de noviembre de 2008 la existencia de una carta confidencial en la que los rectores de las cinco universidades más afectadas por las protestas "piden la intervención del gobierno", y aseguran que se trata de un "movimiento que tiene dimensión estatal", que no puede ser abordado "de manera aislada" y que “no es un fenómeno pasajero”: “No confiamos en que vaya a desvanecerse, sino que esperamos un recrudecimiento”. El Gobierno, por su parte, da carta abierta a los rectores de aquellas universidades afectadas por las protestas estudiantiles a tomar todo tipo de medidas que crean necesarias para impedir que el movimiento anti-bolonia siga extendiéndose.
El cierre de puertas de más de dos meses del Rectorado, ordenado por el Rector Joaquín Luque, con un aumento considerable de la vigilancia en forma de personal de seguridad y cámaras indiscretas, es buen ejemplo de ello. El propio Rector, quien manifiesta su "clara y firme defensa de un modelo de universidad pública, al servicio de la sociedad en su conjunto y no de los meros intereses del mercado", firmaba el 21 de Diciembre de 2008 (junto con los de las Universidades Carlos III y Politéctica de Madrid) el primer acuerdo Universidad-Empresa con EADS CASA, fabricante de armamento, una parte del cual es vendido a Israel por el Gobierno de España. Según el Público, el “último informe del Gobierno Zapatero sobre el control de comercio exterior de material de defensa” reconoce que “durante el primer semestre de 2008, seis meses antes de la invasión de Gaza” […] “España exportó a Israel durante ese periodo material bélico por valor de 1.551.933 euros. La práctica totalidad, en concreto el 94,13%, tenía como destinatario a las Fuerzas Armadas del Estado hebreo” (Madrid, 10/1/09). Es decir, que gracias a los acuerdos Universidad-Empresa, tres universidades españolas colaboran indirectamente con el bombardeo de Gaza, que dio lugar a la muerte o mutilación de cientos a miles de inocentes y la destrucción de centros técnicos y universitarios (Sodepaz.es, “Comunicado de la Universidad Islámica de Gaza”, 28/12/08). En una declaración posterior, el mismo Rector afirmaba haber tomado la medida del cierre indefinido para “impedir el derecho de reunión”, violando así un derecho universal amparado por la propia Constitución Española y poniendo de manifiesto el carácter dictatorial de esta medida de fuerza. Estos hechos, que no son aislados, nos dan prueba del carácter anti-popular de nuestras instituciones “universitario-empresariales”.
La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. Ésta se ha manifestado a través “de una campaña de prensa financiada por este Ministerio [de Ciencia e Innovación] para demostrar la ignorancia de los universitarios que protestan contra Bolonia”, según una fuente cercana al mismo, asegura Héctor Letón, en el periódico El Diagonal: “en apenas 24 horas tres diarios de tirada nacional (El País, El Mundo y La Vanguardia) de diferente color político coincidieron en la publicación de sendos reportajes sobre lo infundado de las movilizaciones estudiantiles” el 25 de Noviembre (tras movilizaciones en más de 70 ciudades entre el 13 y 20-N). “Varias centrales de medios”, afirma la misma fuente, “estiman que posiblemente el Ministerio de Ciencia e Innovación favorecerá a estos periódicos en sus presupuestos de publicidad para el año 2009”.
Ahora, durante el mes de Febrero (en pleno período de exámenes) —en pleno proceso de discusión y de implantación burocrática de unos Reglamentos propuestos desde las instituciones académicas para limitar el alcance de algunos de los aspectos más progresivos del Estatuto de la Universidad de Sevilla (conseguido durante las luchas estudiantiles del 86-87), en lo referente a la democracia de base—, una de las enmiendas aprobadas en el CADUS al Reglamento General de Estudiantes, propuesta por la Delegación del CADUS, “a favor del EEES” (ver Pleno Ordinario del CADUS de 19/12/06), pretende obstaculizar la posibilidad legal de convocar y reunir Asambleas de Estudiantes, si éstas no reúnen un quórum de hasta el 15% de los estudiantes censados en la Facultad, en cuyo caso, éstas perderían su poder de tomar decisiones, convocar paros académicos o cambiar el orden del día, transfiriendo sus competencias a Delegación y convirtiéndose en órganos meramente consultivos. Añadir que a algunos miembros de la actual Delegación del CADUS les han concedido becas especiales por “cooperar” en la adaptación de su carrera al Plan Bolonia, lo que da una idea de la confrontación entre su interés personal y el de los estudiantes.
Nos encontramos ante un ataque en toda regla contra el último reducto de democracia de base, participación y decisión del estudiantado en la Universidad de Sevilla, en un sistema de gobierno universitario que, como ha podido demostrarse tras varios años de lucha, brilla por su importante déficit democrático. Este derecho fue conquistado en las protestas estudiantiles que van del 86 al 87. Ahora, so pretexto de la “representatividad”, estos lacayos del gobierno y de la empresa privada pretenden expropiarnos del último reducto de poder de los estudiantes, las Asambleas, por medio de la imposición burocrática de un quórum casi inaccesible, y un máximo de convocatorias.
La finalidad es impedir que sirvan como instrumento legal para facilitar la convocatoria de huelgas y paros académicos, debatir cuestiones y obtener posicionamientos contra planes de estudio. En un año decisivo en el que se pretende llevar a cabo la implantación del grueso de los planes de estudios de Grado y Máster (según el Real Decreto de Octubre de 2007, aprobado por el Gobierno), ellos pretenden ¡erradicar la democracia de base! Luego se llenan la boca de frases hueras como la “representatividad de los estudiantes”. Para ellos es más democrático que un grupo de Delegados salidos de unas elecciones en las que prima la competencia desleal y rastrera por los votos, el maniqueísmo y la demagogia barata, decida durante un año y no que lo haga un grupo mucho mayor de estudiantes en asamblea, mediante el debate, a mano alzada y sin depender de representantes.
Ante esta situación, el último recurso que nos queda es recurrir a una “huelga salvaje”, que en el argot activista significa una huelga sin la venia de las instituciones legales, forzada por una mayoría de estudiantes, para obligar a dar marcha atrás al CADUS y al Rectorado en la imposición de esta medida de carácter totalitario.
No podemos, como defienden algunos miembros de la actual Delegación de Filología, encabezados por Ángel Velasco, supeditar la lucha al ámbito legal, puesto que se ha demostrado estéril, y sólo ayuda a legitimar la implantación de las reformas por medio de votaciones tergiversadas o decididas ya de antemano. La misma Delegación “anti-Bolonia” de Filología votó por la abstención en la última Junta de Facultad ante la aprobación del Grado, y no por el voto en contra, tal y como se defiende desde el movimiento “No a Bolonia” y se ha refrendado ya en sucesivas Asambleas de Estudiantes. Otro miembro, “representante” estudiantil, de la Junta de Facultad, Rodrigo, afirmó en la última Asamblea de Filología haber votado “sí” al Grado, ante la amenaza del Rector “de eliminar carreras minoritarias (caso de Árabe) en caso de que se votara en contra”. Los “legítimos” representantes estudiantiles en la Junta de Facultad cedieron así, una vez más, a la manipulación y el chantaje del Rectorado, contrariando así el mandato asambleario y dejando por los suelos la dignidad de los estudiantes. Esto es una prueba más de la poca fiabilidad del modelo de “representatividad” que defiende la Delegación del CADUS al pretender transferir la toma de decisiones de la Asamblea a los Delegados, convirtiendo aquellas en un órgano de obediencia a las decisiones de las segundas.
Esto confirma la legitimidad de supeditar la lucha a acciones mayoritarias, tales como la manifestación, la huelga y la movilización en la calle. También pone de manifiesto el acierto de los miembros de la Candidatura Asamblearia al presentar una lista centrada en la defensa de la movilización y la máxima democracia asamblearia de base como eje central de la construcción de un movimiento estudiantil fuerte y unitario contra ‘Bolonia’, después de ser expulsado uno de sus miembros, Roberto Mérida, de la candidatura Universidad Pública por petición de Manuel M. Navarrete y Ángel Velasco por un supuesto “exceso de radicalismo” que les podía “hacer perder votos”. El resultado electoral ha puesto de manifiesto lo infundado de esta falacia (Cristóbal: 7 votos frente a 20 el año pasado, Universidad Pública: 107 votos vs. 200 del año pasado, C.Asamblearia: 25 votos empezando tarde y mal su campaña). No obstante, se le coaccionó para que no presentara candidatura propia, acusándosele de “romper la unidad”, “dividir el voto”, “favorecer a la oposición” y “ser un enfermo mental”, censurándose a la vez su intervención y la de sus dos compañeros por la lista de e-mail “No a Bolonia” de Filología, de la que se le expulsó sin aviso ni explicación tras las elecciones. Parece que ciertos miembros de la Delegación de Filología están más interesados en convertir esta institución en un chiringuito para disfrute personal que en un instrumento de movilización y lucha en favor del bien colectivo.
Es necesario desenmascarar a aquellas Delegaciones del actual CADUS que, moviéndose por intereses personales, acatan gustosamente los mandatos del gobierno y el rectorado y se empeñan en defender las “bondades del Plan Bolonia” y en expropiar el poder de decisión, reunión y paro académico a las Asambleas, convirtiéndolas en órganos decorativos. Es necesario denunciar y revocar a tan nefastos representantes. También a aquellos que, proclamándose defensores de lo público y del interés común del estudiantado, y partidarios del "No a Bolonia", se resisten a tomar medidas, oscurecen el debate y, de alguna forma, legitiman o toleran este tipo de actuación una vez han agotado las vías legales. Ahora, más que nunca, es necesaria la difusión urgente del problema que se nos echa encima y la organización y convocatoria de una acción de protesta masiva a nivel universitario, por la defensa del poder de decisión, discusión y reunión de las Asambleas de Estudiantes.
DEMOCRACIA, SÍ. GOLPE “SUAVE” NO. ¡DEFENDAMOS LAS ASAMBLEAS DE ALUMNOS ¡DEFENDAMOS LA DEMOCRACIA DIRECTA!
“Artículo 101.1. El sistema de participación de los estudiantes se basa en la democracia directa” (Estatuto de la U.S.)
Hrod Mérida (ROTTSTEIN)
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